Con efectos para los períodos impositivos iniciados a partir del 1 del enero de 2011, se modifica el art.30.2 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para establecer que la deducción por doble imposición sobre dividendos de fuente interna del 100% será también de aplicación en los casos en que se haya tenido un porcentaje de participación igual o superior al 5% pero que se dé la circunstancia que, sin haberse transmitido la participación, se haya reducido el porcentaje tenido hasta un mínimo del 3% como consecuencia de que la entidad participada haya realizado una operación acogida al régimen fiscal especial establecido en el Capítulo VIII del Título VII de la LIS (fusiones, escisiones, aportación de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de sociedad europea o sociedad cooperativa europea de un Estado miembro a otro de la UE).

Lo indicado será aplicable a los dividendos distribuidos dentro del plazo de tres años desde la realización de la operación en tanto que en el ejercicio correspondiente a la distribución no se transmita totalmente la participación o esta quede por debajo del porcentaje mínimo exigido del 3%.

La Dirección General de Tributos en respuestas a dos consultas vinculantes, concluye que las aportaciones efectuadas por los socios a su sociedad para reforzar su situación financiera no constituyen ingreso tributable en el impuesto sobre sociedades si se cumplen dos condiciones:

-   Que se realicen sin derecho a su devolución y sin que se pacte contraprestación alguna por dichas aportaciones y,

-   Que se mantenga la equivalencia económica entre los socios, antes y después de la aportación.

El nuevo Plan General de Contabilidad contempla como novedad con respecto al PGC de 1990, el tratamiento de las subvenciones, donaciones o legados entregados por los socios o propietarios de la empresa no tienen la calificación de ingresos, sino de fondos propios, al ponerlas en pie de equivalencia desde una perspectiva económica con las restantes aportaciones que los socios o propietarios puedan realizar a la empresa, fundamentalmente con la finalidad de fortalecer su patrimonio.

En el Plan de 1990, únicamente se contemplaba este tratamiento cuando la aportación se realizaba por los socios o propietarios para compensación de pérdidas o con la finalidad de compensar un déficit.

Tanto si el socio es persona física como si es persona jurídica, la aportación realizada tendrá la consideración de mayor valor de las participaciones de la sociedad de la que sea socio.

En el supuesto que la aportación no se realice por los socios en la misma proporción, serían en principio aplicables los criterios establecidos en el artículo 21 bis del Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, de manera que para la sociedad, la parte no correspondiente al porcentaje de participación del socio se calificaría como renta sí tributable en el Impuesto sobre Sociedades, y para el socio una liberalidad.

La última modificación de las obligaciones de documentación de operaciones vinculadas (Real Decreto 897/2010) establece con carácter general que, para los períodos impositivos que finalicen a partir del 19-2-2009, no existe obligación de documentar el conjunto de las operaciones cuya contraprestación no exceda de 250.000 euros de valor de mercado, realizadas en el período impositivo con la misma persona o entidad vinculada.

Sin embargo y por su parte, la declaración del impuesto sobre sociedades correspondiente al ejercicio 2009 establece la obligación de informar sobre operaciones vinculadas cuando exista obligación de documentarlas y se hayan realizado a partir del 19-2-2009, excluidas las operaciones cuyo importe conjunto no supere la cifra de 100.000 € de valor de mercado, computado sin incluir el IVA y referido al conjunto de las operaciones por persona o entidad vinculada, del mismo tipo y con el mismo método de valoración.

Dadas las dudas suscitadas respecto a la posible contradicción entre la regulación de las obligaciones de documentación y las de información de operaciones vinculadas, la Agencia Tributaria ha emitido una nota informativa en la que establece lo siguiente:

-      La obligatoriedad de la inclusión de información relativa a las operaciones vinculadas en las declaraciones sólo es exigible para operaciones en las que exista obligación de documentación, por lo que la obligación de cumplimentar el modelo siempre va a ser igual o menos exigente que la obligación de documentación.

-      Existen obligaciones diferentes, las de documentación y las de información y por tanto pueden existir límites diferentes que eximen del cumplimiento de dichas obligaciones.

-      Como conclusión, si no existe obligación de documentar una operación vinculada, nunca va a existir obligación de declararla.

-      Por el contrario, existen supuestos en los que sí existe la obligación de documentar la operación, pero no de información sobre la misma en la declaración del IS, como puede ocurrir cuando el importe de la contraprestación de operaciones con una persona vinculada es superior a 250.000 €, pero sin embargo, en función del tipo y método de valoración ninguna operación supera los 100.000 € de valor de mercado.